La justicia climática nos salvará

Gisele Farina

Es bastante difícil pensar en una reflexión para el Día de la Tierra teniendo tanta sobreinformación: arrastrando aún la resaca pandémica, el conflicto bélico europeo comporta tanto ruido geoestratégico que hábilmente relega temáticas a las agendas de menos importancia, pasando desapercibidos ciertos sucesos como la huelga de los activistas de la Rebelión Científica.

Debemos reaccionar ya, porque si no se toman decisiones políticas orientadas al decrecimiento y al reparto justo de recursos, caeremos en el abismo.

Espero que durante unos minutos, querida persona lectora, me acompañes hacia un análisis de la situación medioambiental en la que nos encontramos y de sus consecuencias en nuestra sociedad.

Durante décadas, nuestro sistema económico se ha sostenido gracias a la obsolescencia programada, la moda rápida, la ganadería y la agricultura intensivas. Pero este modo de vida tiene consecuencias. Por ejemplo, gracias a los avances tecnológicos, en las sociedades del norte global -lo que en su momento se consideraba “países desarrollados”-, una persona de clase media puede, tan solo en un clic, disfrutar de sus series, música y películas en streaming; comprar ropa y comida a su antojo; e incluso vagar durante horas sin un propósito en internet. El coste de ello es que, hoy en día, las tecnologías de la información consumen un 7% de la electricidad mundial y generan un 2% de las emisiones globales de CO2, según datos de Greenpeace.

Paradójicamente, en los últimos años las grandes empresas han gastado millones de euros en greenwashing para vendernos su discurso de sostenibilidad y enmascarar su responsabilidad en esta crisis climática. El fin de todo ello es poder adquirir las subvenciones que la Unión Europea está otorgando para acelerar la transición ecológica. ¿Por qué esos fondos tienen que ir a las mismas corporaciones de siempre, que han obtenido ganancias millonarias durante décadas? ¿No es hora de que se responsabilicen ellas mismas de las consecuencias de sus manufacturas? ¿Por qué tenemos que hacernos cargo de sus daños, consecuencia de una falta de inversión e interés? ¿Quién y cómo se verifica su responsabilidad social cuando entre sus accionistas, se cuenta con los fondos buitre?

Las organizaciones medioambientales continúan denunciando la falta de compromiso político. Con la publicación el pasado febrero del sexto informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC),comenzó una nueva ola de reclamos. Pese a que este organismo depende de la ONU, no arroja directrices firmes hacia los estados para detener este modelo económico que nos está llevando al colapso ambiental. De poco sirve que destinen hojas a advertir que con la tecnología actual es inviable capturar los gases de efecto invernadero o desarrollar la cantidad de infraestructura necesaria para no depender de los combustibles fósiles. Si no se plantea la obligatoriedad de buscar modelos que no basen su riqueza en relación al PBI, nada cambia ni se transforma.

El precio se paga del otro lado del planeta

En el sur global, a las 30,7 millones de personas desplazadas por efecto del cambio climático en sus localidades se le han de sumar 227 activistas ambientales que fueron asesinados por denunciar y defender los recursos naturales necesarios para sus comunidades, pero también para mantener la biodiversidad que sustenta al planeta. Y esta lucha es contra las mismas multinacionales que reclaman a la Unión Europea nuestro dinero para la transición ecológica y que perpetúa un estilo de vida basado en un consumo caprichoso de bienes y servicios. ¿Cómo podemos ser ajenos a estos sucesos, sin exigir coherencia a las esferas políticas y sin optar por un modo de vida que apunte al decrecimiento? El desarrollo sostenible, con los niveles de consumo actuales, no será nunca una realidad si quienes más recursos tienen desean mantenerlos y esperan que la tecnología permita mejorar la calidad de vida del resto sin consecuencias ecológicas.

¿Qué nos queda?

Desde nuestros lugares, tenemos mucho por hacer y por exigir a nuestros gobiernos. Para empezar, optar a una vida más acorde a nuestras necesidades reales y no a las impuestas por el capitalismo. En comunidad, exigir un pacto verde justo con medidas orientadas a la redistribución de recursos, con enfoque de género, étnico y cultural.

Para alcanzar el cambio de paradigma, tenemos también que escuchar al sur global, aprender de su vínculo con la naturaleza, reconocer sus derechos, permitirles gozar de sus recursos y exigir el fin del neocolonialismo extractivista. Tenemos una deuda económica, histórica, cultural, social y ecológica con el sur global. Es hora de comenzar a saldarla.

Bibliografía

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