Temes: movimientos migratorios, neocolonialismo, derecho a asilo

El control fronterizo surgió luego de la primera guerra mundial. Hasta ese momento no era necesario hacer visado para acceder a un país y, ni mucho menos, solicitar asilo. Hoy en día las fronteras se han convertido en espacios de no derecho para aquellas personas que son catalogadas como ‘inmigrantes’ o ‘refugiadas’, convirtiéndose así en una cifra estadística.

A finales de 2016 ACNUR alertaba sobre el récord de desplazados forzados: 65,6 millones. Es es decir, 20 personas por minuto se vieron obligadas a dejar sus hogares para buscar protección. Esta cifra duele más cuando recordamos que desde la Convención de Ginebra de 1951 y su protocolo (Protocolo de Nueva York de 1967) el derecho al asilo está contemplado en artículo 14 como Derecho Humano Fundamental, dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, desde 2007 está recogido en la carta de Derechos Fundamentales de la UE. Es decir, toda persona tiene derecho a buscar y solicitar protección fuera de su país de origen o de residencia habitual, y disfrutar de ella en caso de huir de un conflicto que pone su vida en peligro: tener fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social. La persecución por motivos de género, incluida aquella motivada por la preferencia sexual y la identidad de género, están incluidas en las causas de persecución que reconoce este derecho.

Pese a esto, Europa no cumple su compromiso de acoger a quienes huyen de conflictos. Es más, en el parlamento europeo se generan leyes que nos son desconocidas y que repercuten en el libre tránsito de los refugiados. Sobretodo por razones del neoliberalismo colonial.

Un ejemplo de esto son los Protocolos de Dublín, actualizados en 2013, donde quien pida asilo está obligado a hacerlo en el primer país fronterizo que pise, el cual autoriza o rechaza la solicitud al margen de los intereses del propio estado o del solicitante de asilo, que podría desear marcharse a otro país.

Otro ejemplo es el pacto acordado entre la Comunidad Europea y la República de Turquía de 2016, por el que el estado turco asiente a la (re)acogida de personas inmigrantes en situación irregular o cuya solicitud de asilo fue considerada inadmisible por los estados europeos. Solicitud de asilo que, recordemos, muchas veces es concedida en un protocolo de urgencia que limita su garantía y temporalidad. A cambio, una buena compensación económica, el compromiso de agilización de visados y la reconsideración de su solicitud para formar parte de la UE. Con todo, la situación de la persona migrante o refugiada aumenta su vulnerabilidad puesto que la revisión de su situación y seguridad viene ahora regulada por un país que, hasta hace bien poco, fue tildado de inseguro por la propia comunidad europea, y por un tratado que en el fondo encubre la expulsión de personas bajo coacción económica.

Esto ha llevado a personas que buscaron asilo en Grecia a continuar su marcha hacia el norte de Europa, sin ser registrados o gozar del protocolo y garantías merecidas, o a qué merecido a que países como Hungría cierren fronteras.

Lo más preocupante es que la ciudadanía europea, pese a los amagos de fracturación que vive en los últimos tiempos, gozamos de una movilidad libre apenas regulada o cuestionada si no es bajo la excusa de la crisis global. Gozamos de un pacto económico protector que excluye y expulsa deliberadamentea la ciudadanía extracomunitaria. Un derecho/privilegio adquirido ‘accidentalmente’ por pertenecer a un marco geoestratégico privilegiado que, a menudo, nos hace mirar de forma condescendiente la situación global migratoria.

A este punto es importante que no nos olvidemos que vivimos una ola de migraciones similar en la II Guerra Mundial, donde los europeos fuimos recibidos en países de otros continentes como América, África y Asia. No hay excusas para no empatizar con la situación actual.

Debemos ser conscientes de que las demoras en la tramitación de las solicitudes de asilo y las miserables condiciones de vida en los campos de refugiados posibilitan un tráfico migratorio gestionado por mafias para cruzar ilícitamente las fronteras, poniendo en riesgo sus vidas. Todo para que, finalmente, quienes lo consiguen se encuentran en situación de migrantes irregulares, con el miedo constante de saber que pueden ser deportados en cualquier momento.

Detrás de las estadísticas que nos presentan los medios de comunicación hay historias de personas que luchan por sus vidas, con inquietudes y hambre de progreso. Debemos abrir los ojos frente a un sistema pautado por privilegios económicos que divide a las personas en ciudadanía de primera y de segunda. «Demonizamos a los refugiados, cuando es nuestro orden el que no funciona. Ellos son la consecuencia, no la causa«, ha destacado Estrella Galán, secretaria general de la comisión española de ayuda al Refugiado (CEAR) en una entrevista del diario El Mundo de España.